Las principales áreas en las que debe concentrarse una agenda para la acción multidisciplinaria que proteja a los niños en los entornos virtuales son:
1) Elaboración de políticas
2) Cooperación del sector privado
3) Iniciativas educativas
4) Atención y bienestar
5) Leyes y reformas legales
6) Fuerzas de seguridad y aplicación de la ley
7) Investigación
1. Elaboración de políticas
Planes nacionales de acción
Planes nacionales de acción
Se insta a los gobiernos para que lideren un proceso de consulta con las agencias de seguridad y de aplicación de la ley, las agencias que proveen protección a los niños, los miembros de la industria, jóvenes, padres y otras partes interesadas para diseñar e implementar estrategias específicas para proteger a niños y jóvenes en relación con las TIC. Las estrategias serán más eficaces si se las incorpora en planes y programas de protección existentes. Deben especificar las acciones en lo que se refiere a investigaciones, servicios de rehabilitación y bienestar social, reforma legal, agencias de seguridad y aplicación de la ley, responsabilidad de la industria y medidas educativas. Es necesario un compromiso con un presupuesto ya calculado, respaldado por las empresas.
Regímenes reglamentarios
Existen varios modelos para crear políticas sobre el tema de la protección de los niños en los entornos virtuales. Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. En realidad, los gobiernos deben utilizar una combinación de los modelos disponibles para diseñar una estrategia que cumpla con los requisitos específicos de su población. Se recomienda, sin embargo, que todas las entidades del sector de las telecomunicaciones (privadas o públicas) adopten normas y mecanismos de protección de menores para auto-regularse o regularse entre ellas. El compromiso del sector privado es esencial para apoyar los modelos reglamentarios coordinados y administrados por las asociaciones de la industria en cooperación con las empresas, la sociedad civil, los gobiernos y las fuerzas de seguridad1. La coordinación de la reglamentación o al menos el monitoreo transnacional sería un objetivo ideal. Dichos modelos deben considerarse realmente efectivos para reducir o eliminar el daño causado a niños y jóvenes en relación con el uso de las TIC. Ante la ausencia de evidencia puntual y convincente del éxito de la auto-regulación o de la co-regulación, la demanda de intervenciones patrocinadas por el Estado se volverá inevitable.
